¿Es jurídicamente viable adoptar una metodología para la depuración de cartera por concepto de incapacidades, en la cual se adopten fichas soportadas en el valor económico de aquellas, comparadas con el costo de un día de salario de los servidores públicos que intervienen en este proceso, de manera que se establezca un umbral de razonabilidad para determinar la continuidad o no de las gestiones de cobro?
