depuración de cartera

¿Es jurídicamente viable adoptar una metodología para la depuración de cartera por concepto de incapacidades, en la cual se adopten fichas soportadas en el valor económico de aquellas, comparadas con el costo de un día de salario de los servidores públicos que intervienen en este proceso, de manera que se establezca un umbral de razonabilidad para determinar la continuidad o no de las gestiones de cobro?

¿Existe la posibilidad para que la Oficina de Gestión de Cobro, una vez remitida la ficha de recomendación de depuración contable por parte de la Oficina de Depuración de Cartera a las entidades y localidades, pueda dar por terminados los procesos de cobro coactivo sin esperar la información sobre la extinción de la obligación por la figura del saneamiento contable por parte de la entidad acreedora? En caso de ser procedente proferir el acto administrativo de terminación del proceso en los términos anteriores ¿cuál sería la causal para dicha terminación?

¿Cuáles son los lineamientos jurídicos que se deben tener en cuenta para la elaboración de una metodología de costobeneficio para la depuración y saneamiento contable de la cartera de incapacidades existente en la entidad?