¿Es viable jurídicamente que un establecimiento público distrital perciba remuneración económica por transferencia de tecnología y metodologías desarrolladas en ejercicio de su misionalidad?
¿Es viable desde el punto de vista legal que los apoderados constituidos por la Subdirección de Gestión Judicial, servidores públicos o contratistas encargados de atender los procesos concursales y ejercer la defensa jurídica del Distrito-SDH con las facultades de ley, realicen la depuración de cartera de obligaciones que hacen parte de dichos procesos, aplicando la relación costo – beneficio?
